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La huella de carbono mide la cantidad total de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos directa o indirectamente por una persona, organización, evento o producto. Esta medición es crucial para entender el impacto ambiental y desarrollar estrategias para reducir dichas emisiones 

El Protocolo de Gases de Efecto Invernadero (GHG Protocol) es un estándar internacional que proporciona herramientas y estándares para que las empresas y gobiernos cuantifiquen y gestionen sus emisiones de GEI. Es ampliamente utilizado globalmente y ayuda en la creación de informes precisos y comparables de emisiones 

Alcance 1: Incluye todas las emisiones directas de GEI que provienen de fuentes que son propiedad de o están controladas por la empresa, como las emisiones de los combustibles quemados en sus operaciones o las emisiones fugitivas.
Alcance 2: Se refiere a las emisiones indirectas de GEI provenientes de la generación de la energía eléctrica, calor o vapor que la organización ha comprado.
Alcance 3: Incluye todas las otras emisiones indirectas que ocurren en la cadena de valor de la empresa, como las emisiones asociadas a los viajes de negocios, transporte de productos y desechos generados en las operaciones 

Las empresas están cada vez más incentivadas, y en algunos casos obligadas, a medir su huella de carbono. Esto no solo ayuda a identificar y reducir su impacto ambiental, sino que también es crucial para el cumplimiento regulatorio, la mejora de la eficiencia energética, y puede mejorar la reputación corporativa al demostrar responsabilidad ambiental 

Reducir la huella de carbono puede llevar a significativos ahorros económicos, mejorar la eficiencia energética, y reducir los costos operacionales. También ayuda a las empresas a cumplir con regulaciones ambientales y mejora su imagen pública al demostrar un compromiso con la sostenibilidad 

Las empresas pueden compensar su huella de carbono invirtiendo en proyectos de absorción de CO2, como reforestación o tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. También pueden comprar créditos de carbono de proyectos que eviten o reduzcan las emisiones de GEI en otros lugares.

Las empresas afectadas por la Ley 11/2018 deben calcular y registrar anualmente la huella de carbono de sus actividades y elaborar un plan de reducción de emisiones. Esta obligación aplica a:

Empresas con un número medio de empleados superior a 500.
Entidades de interés público, o aquellas que, durante dos años consecutivos, cumplan al menos dos de las siguientes condiciones:
Activos consolidados superiores a 20 millones de euros.
Cifra anual de negocios consolidada superior a 40 millones de euros.
Número medio de empleados superior a 250.
Estas obligaciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, con referencia a la huella del año 2024. 

Además, algunas comunidades autónomas tienen requisitos adicionales:

Islas Baleares: Empresas con 50 o más empleados o facturación superior a 10 millones de euros.
Navarra: Todas las empresas, incluidas explotaciones agrícolas y ganaderas.
Comunidad Valenciana: Grandes y medianas empresas.
País Vasco: Diversos sectores, incluidas administraciones públicas y actividades agrícolas y ganaderas.
Andalucía: Empresas que consumen más de 1 GWh/año